LA PAZ ES UN DERECHO Y UN DEBER

Frente al NO, que ha ganado el plebiscito del domingo 2 de octubre, manifestamos nuestras preocupaciones, en nuestra calidad de organizaciones sociales, de Iglesia y académicas del Pacífico, que hemos acompañado de cerca el desarrollo de este proceso de paz, reflexionando con las comunidades mestizas, afrocolombianas y los pueblos indígenas que habitan esta región, con la esperanza puesta en superar esta guerra irregular, pero una mínima mayoría ha dicho NO al acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno Santos y las FARC-EP, dejándonos a todos perplejos.

Nos preocupa el hecho de que pueda seguirse repitiendo la estela de miles de personas muertas, los millones de desplazados, las decenas de miles de desaparecidos y secuestrados, los millones de despojados, los amenazados, los miles de refugiados en diversos países, la zozobra permanente de quienes viven en medio del fragor de la guerra, y el dolor, que trasciende los vínculos de parentesco.

Lo más grave de esta situación anómala, es que ganó un voto orientado por la desinformación de unos directores del NO que durante los cuatro años del proceso de Diálogos siempre dijeron NO, utilizando estratagemas donde reinó la mentira y la desinformación sobre el auténtico contenido del avance de los acuerdos, así como del Acuerdo Final de Terminación del Conflicto.

Una estratagema dirigida a manipular la opinión, pues ciertos directores del NO, dijeron que había impunidad, que significa ni más ni menos, intentar cambiar los términos de la justicia transicional que convoca a responder ante Tribunal a todos los responsables de las violaciones de los Derechos Humanos, con lo cual quieren establecer un auténtico escenario de impunidad, pues quieren evitar a toda costa ser llevados a la justicia, pues estos ciertos directores del No, temen ser juzgados por sus acciones ilegales.

Estamos convencidos que el conjunto de los votantes del NO lo hicieron por diversas razones, hasta por la buena voluntad de proteger el modelo de familia, pues se les hizo creer que con el Acuerdo de Paz, se vulneraría hasta este derecho.

Exaltamos el valor, la dignidad y la grandeza de todas las víctimas del campo y de la ciudad que dijeron SÍ, con el cual expresaron su disposición a la reconciliación; en especial, nos unimos al clamor de las víctimas de Bojayá, de la Chinita, de los 11 diputados del Valle, que públicamente expresaron su deseo de comenzar un proceso de Reconciliación, para construir las bases de una paz estable en nuestro País, y a todos los colombianos y colombianas que creemos que la confrontación armada no es la salida al conflicto que vive el país, sino el diálogo civilizado.

El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, que estudiamos a medida que se fue presentando al público, y que hemos analizado y divulgado, contiene elementos de reivindicación social, como el acceso y uso de la tierra para quienes no tienen tierra o se la han arrebatado, el mejoramiento de la infraestructura del campo, la erradicación de los cultivos de uso ilícito, la ampliación de la participación democrática para romper el monopolio de unas élites políticas en nuestro país, así como los derechos de las víctimas a la Verdad, Justicia, Reparación y No repetición. Es evidente de lo anterior, que no siendo beneficios para la guerrilla, no puede ahora ser cambiado para reversar compromisos del Estado colombiano, cuyo deber es el cumplimiento fiel de los derechos establecidos en la Constitución.

Es muy claro que el componente de “Fin del Conflicto” que establece medidas básicas para la reincorporación de la guerrilla a la vida civil, cumpliendo con los cánones internacionales de Justicia Transicional, son los términos mínimos para  la terminación de la confrontación armada y las hostilidades contra la población civil.

Es a este conjunto de elementos del Acuerdo Final que hoy reafirmamos se deben cumplir. De reabrirse la negociación no puede ser con los dirigentes políticos del voto por el NO, sino que deben participar todos los sectores sociales,  a los que votamos por el SÍ,  a los movimientos de víctimas, a los que votaron por el NO, con cuyo voto pensaron que rechazaban a Santos, o creyeron que  defendían la familia, sin medir las consecuencias para el futuro de Colombia, pues con el plebiscito estábamos reafirmando que se cumpliera el Derecho a la Paz, la cual estábamos logrando con este Acuerdo que pone fin al conflicto armado con las FARC y sienta las bases para la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

Por lo anterior, respaldamos la propuesta de hacer un Frente Amplio y Ético por la Paz, para que las élites no sean las que resuelvan este impase  aferrados  a sus intereses, desconociendo este largo camino que hemos transitado hacia la Paz.

Invitamos a la Comunidad Internacional a que siga vigilando este proceso, a las entidades de Cooperación que respalden nuestra propuesta, a los países garantes y acompañantes que continúen con su apoyo.

La Paz es un Derecho que no se nos puede negar y el Presidente de la república tiene el Deber y Obligación de garantizar este derecho. A él exigimos que no eche a perder lo que se ha conquistado con el respaldo de las víctimas y demás sectores sociales que durante décadas hemos apostado a la superación de este conflicto por las vías del diálogo.

Firma

Alianza PACIPAZ, integrada por la Pastoral Social de la Diócesis de Quibdó, Fundación Universitaria Claretiana, Foro Interétnico Solidaridad Chocó, PROCLADE y Centro de Estudios Étnicos.

La Paz es un derecho y un deber (click para descargar)

 

4 Comments

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